Comentario

Después de más de un siglo de venta de oficios, a comienzos del XVIII la mayor parte de la administración colonial estaba en manos de la elite criolla, de manera que las Indias habían alcanzado un nivel de autonomía que se ha descrito como de autogobierno a la orden del rey (Elliott). El programa reformista borbóníco, que en América pretendió esencialmente aumentar la productividad económica para revertir los beneficios en lograr la prosperidad de la metrópoli, necesitaba por lo tanto reconstruir la máquina del Estado y controlar la administración colonial. Para ello se utilizarían dos instrumentos: una burocracia profesional y un ejército permanente.
Los cambios comenzaron por los organismos metropolitanos, buscando una gestión más ágil: las secretarías o ministerios asumen las funciones políticas y administrativas del Consejo de Indias, mientras la Casa de la Contratación va también perdiendo atribuciones y autonomía. Pero en las Indias las reformas más importantes irán precedidas de la creación de una verdadera fuerza militar, que si por un lado reforzaría la defensa frente a ataques extranjeros (evitando humillaciones como la que representó la captura de La Habana por los ingleses en 1762), por el otro permitiría afrontar la previsible resistencia interna ante lo que sería toda una reconquista de América.

En la década de 1760 se establece el ejército regular en distintos lugares de las Indias (Cuba, Nueva España, Puerto Rico, Buenos Aires, Caracas), completándose el proceso en Nueva Granada y Perú tras las rebeliones de 1780-81. El envío de regimientos completos de tropas peninsulares, con un sistema de relevos cada cierto tiempo, junto con la formación de regimientos locales permanentes, permitió dotar a América, por primera vez, de un ejército profesional, que fue reforzado con la organización de numerosas unidades de milicias ciudadanas. Para fines del siglo XVIII ya la inmensa mayoría de los soldados era de americanos (mestizos, mulatos, miembros de las castas en general, para quienes el ejército significó una posibilidad de ascenso social) igual que buena parte de la oficialidad, aunque en este caso eran, más específicamente, criollos. No se trataba, en consecuencia, de un ejército de ocupación.

Otro paso previo fue la realización de una serie de visitas generales para estudiar sobre el terreno la viabilidad de las reformas, comenzando por la de Nueva España (1765-1771) realizada por José de Gálvez, quien tras su nombramiento como secretario de Indias (1776-1787) ordenará hacer otras visitas, como las de José Antonio Areche (1776-1781) y Jorge Escobedo (1782-1785) en Perú, Juan Francisco Gutiérrez de Píñeres (1778-1781) en Nueva Granada, José García de León y Pizarro (1778-1783) en Quito. Todas ellas supusieron importantes mejoras en la administración colonial, especialmente en materia hacendística mediante el reforzamiento y modernización de la burocracia fiscal, que permitieron recaudar directamente los impuestos y los nuevos monopolios estatales (tabaco, aguardiente), lográndose un espectacular incremento de los ingresos fiscales.

Por otro lado, con una política de traslados, jubilaciones o promociones Gálvez logró reducir el número de criollos en las audiencias, de forma que al acabar su mandato representaban menos de una tercera parte, cuando hacia 1760 eran ampliamente mayoritarios. Pero la reforma más importante fue la introducción del sistema de intendencias, que debía suponer el golpe definitivo a la venta de oficios y la corrupción y la creación de una estructura administrativa más funcional. Ya introducidas en España en 1749 y en Cuba en 1764, Gálvez las implantó en casi toda América entre 1782 y 1790, dotándolas de una minuciosa reglamentación que se recoge en las Ordenanzas de 1782 y 1786. Toda la América española (con excepción de Nueva Granada y Quito donde no se implantó el sistema) fue redistribuida en 42 intendencias: 12 en Nueva España, 8 en Perú, 8 en el Río de la Plata, 5 en Centroamérica, 3 en Cuba, 2 en Chile, 1 en Caracas, 1 en Florida y 1 en Luisiana. En cada capital virreinal se estableció un superintendente general, cargo que acabó siendo asumido por los virreyes en 1787. Con las intendencias desaparecieron las antiguas gobernaciones, corregimientos y alcaldías mayores, siendo muchos de estos cargos sustituidos por subdelegados. Las atribuciones del intendente, muy amplias, eran gubernativas, judiciales, militares y fiscales, debiendo además asumir el fomento económico y desarrollo de su provincia. Los intendentes fueron peninsulares en su inmensa mayoría, muchos de ellos militares y oficiales de Hacienda, se les señaló un sueldo adecuado y en general cumplieron bien su labor. No ocurrió lo mismo con los subdelegados, a los que no se señaló sueldo y teóricamente deberían vivir del 5 por 100 de los tributos y las rentas derivadas de sus actuaciones judiciales, por lo que reaparecieron enseguida las viejas corruptelas que habían hecho odiosos a los corregidores (incluso reapareció una forma de reparto de mercancías ahora denominada socorros).

La "revolución administrativa" logró aumentar los ingresos fiscales, modernizar la administración, acabar con algunos abusos, pero no logró ninguna reforma sustancial y esto se suele considerar como señal de fracaso de la política borbónica. Sin embargo, por lo que se refiere a América el programa reformista fue un éxito en cuanto que logró hacer más productivas a las colonias, y eso era lo que se pretendía.